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Vocación de Libertad

Vocación política y legitimidad (2)
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Tema: Política

 

He venido elaborando sobre conceptos de Max Weber en torno a sus ideas sobre la vocación política y su legitimidad, en el ánimo de contribuir - al acercar estos conceptos al contexto nacional - con una mayor y mejor comprensión de la aplicación y uso del poder coercitivo del Estado al cual el político partidista tiene acceso con el fin supremo, se supone, de ayudar al logro final del bien común. Ilustrados por estos conceptos, bien vale la pena valorar para actuar en consecuencia, sobre la calidad y sentido con el que actúan nuestros políticos.

En mi entrega anterior (http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=1021) inicié las consideraciones de Weber en torno a las tres formas de justificar a lo interno de nuestros Estados, el ejercicio legítimo del poder de quienes lo detentan frente a su población. Hoy continúo con la tercera justificación de esta legitimidad.

Se refiere Weber así, a la tercera justificación de legitimidad: “Tenemos, por último, una legitimidad basada en la legalidad, en la creencia en la validez de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejercen el moderno “servidor del Estado” y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él”. Estado de Derecho, diremos algunos.

Esta tercera forma de obtener la legitimidad ha sido, es y personalmente creo, debería seguir siendo la gran ilusión, el sueño de toda sociedad que aspire a vivir civilizadamente y para lo cual pasa por definir en la Constitución Política de la República este marco referencial normativo y obligatorio, al cual todos en una Nación Estado deberíamos someternos, empezando por quienes detentan el poder coercitivo. Poder que les es conferido en forma temporal por el pueblo, en un evento de elecciones con voto universal de todos los ciudadanos que voluntariamente y en paz, acuden cada cierto tiempo a depositar su confianza en los ciudadanos políticos partidistas que interpretan mejor sus aspiraciones para vivir en esa Nación Estado.

La realidad en nuestro contexto ha sido, es y amenaza con seguir siendo otra, a pesar de la muestra palpable del éxito obtenido por esta tercera forma de lograr legitimidad en el ejercicio del poder de un gobernante. Costa Rica y Chile, por ejemplo, son muestras claras de que en América Latina también es posible establecer modelos de autoridad del poder que se fundamentan en la legitimidad que da el someterse a un grupo de normas básicas, bien definidas y, sobre todo, adecuadamente custodiadas por la población y las instituciones que para el efecto Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justiciase crean en el mismo texto constitucional. Es lo que hoy muchos llaman, Estado de Derecho.

Quiero destacar aquí el valor de la custodia de la población al cumplimiento de las normas que se establecen en el texto constitucional, puesto que siendo la población quienes tienen y delegan su poder soberano en un grupo de políticos partidistas, son los más beneficiados y/o perjudicados del uso o abuso de ese poder delegado, mas no relegado. Es el pueblo en última instancia, el defensor más obligado y alerta del abuso que pudiera presentarse en los gobernantes electos.

El actual ejemplo que vive Nicaragua, donde el grupo gobernante está llegando a la barbarie más grande en el uso de recursos ilegítimos de grupos paramilitares armados que asesina a miembros de su población para mantenerse en el poder, debe servirnos para entender con más claridad, dos ámbitos en la vida de un Estado Nación moderno:

El primero, la acción desesperada de quienes, como depositarios temporales del poder, no cumplen con el sagrado pacto de la Constitución Política vigente, a pesar de haberla adecuado caprichosamente a sus intereses Daniel Ortega y compañía, y en segundo término, valorar la forma decidida en que una gran parte de la población, sobre todos los jóvenes estudiantes, han abrazado con alto riesgo de su propia vida, la causa de defensa de los abusos de sus gobernantes. Este es el nivel último de custodia que, en defensa de su vida y su libertad, un pueblo debe estar dispuesto a vivir.

Volviendo a Max Weber y sus reflexiones con respecto a la legitimidad del poder político, nos dice: “Estas ideas de la legitimidad y su fundamentación interna son de suma importancia para la estructura de dominación. Los tipos puros se encuentran, desde luego, muy raramente en la realidad, pero hoy no podemos ocuparnos aquí de las intrincadas modificaciones, interferencias y combinaciones de estos tipos puros. Esto es cosa que corresponde a la problemática de la “teoría general del Estado”.

Seguiremos avanzando en nuestra próxima entrega, comentando sobre nuestra cultura de legitimidad del poder.

SOBRE EL AUTOR
Juan F. Callejas Vargas
 Juan Francisco Callejas Vargas   Guatemalteco de 67 años de edad, periodista de opinión, casado con una esposa con quien ha procreado ocho hijos. Estudios profesionales en U
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