ENSAYOS >
Título:     Tema:     Autor:    

Lectura Recomendada

Masacre en San Juan
Fecha de Publicación: 23/09/2014
Tema: Justicia

 De un conspicuo lector de Pi, Plaza de Opinión, recibimos el mensaje siguiente: Esta información si habría que enviar a todos las fuentes posibles para que la gente pensante se dé cuenta del problema grave que se está presentando en todas las áreas del país,  y que en el corto plazo hará ingobernable este país. El mensaje acompañaba el texto que reproducimos más abajo (el titular es nuestro).

 

La verdad sobre los trágicos sucesos ocurridos en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, Guatemala
Ante los trágicos hechos ocurridos el 19 y 20 de septiembre en Los Pajoques, Cementos Progreso aclara e informa (1):
El Anillo Regional es un proyecto del Estado de Guatemala que recorre 8 departamentos, 52 municipios y 419.5 kilómetros. Cementos Progreso donará un tramo de 14 kilómetros como apoyo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la construcción del mismo. Setenta kilómetros del Anillo Regional son parte de una carretera nueva que conectará a Santo Domingo Xenacoj con San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho hasta Sanarate y beneficiará a más de 750 mil habitantes, quienes finalmente tendrán una vía de comunicación, inexistente hasta este momento.
Aunque este proyecto es de beneficio social ha causado la oposición de un grupo de pobladores que ha tratado de imponer su postura a través del hostigamiento, las agresiones y hasta la muerte de quienes sí lo apoyan. Los hechos que se describen a continuación evidencian que ese ambiente de intimidación es parte de una estrategia diseñada y liderada por personas ajenas a San Juan Sacatepéquez.
A pesar de que el ambiente de terror perdura desde 2007, las presiones más recientes empezaron el 13 de junio de 2014 (ver anexo 1), cuando el diputado Amílcar Pop solicitó al ministro de Comunicaciones toda la información relacionada con el Anillo Regional. En su solicitud oficial, el diputado enfatizaba la lista de las personas que habían vendido terrenos para el derecho de vía y las que están pendientes. (2)
El 16 de junio de 2014, el Comité de Unidad Campesina (CUC) organizó una manifestación en contra de la brigada militar del anillo regional, de la construcción de una planta de cemento y de la supuesta criminalización de líderes sociales. Ante la exigencia de los manifestantes, liderados por Daniel Pascual, el gobierno accedió a crear una mesa de información para discutir esos temas.
Pocos días después, en la primera reunión de dicha mesa, celebrada el 24 de junio, el gobierno informó ampliamente sobre el Anillo Regional, pero el interés de los manifestantes se centró en obtener la lista de los terrenos y el nombre de los propietarios del derecho de vía, de la misma forma en que lo venía haciendo el diputado Pop. El gobierno señaló la imposibilidad de entregar esa información debido a la violencia que ya se había registrado contra quienes supuestamente ya habían vendido. El procurador de los Derechos Humanos, como autoridad reguladora de la Ley de Acceso a la Información, avaló públicamente la postura gubernamental y recomendó mantenerla en reserva.
 
Para la segunda reunión de dicha mesa, se acordó que los manifestantes entregarían evidencia de la supuesta criminalización del Estado. Sin embargo, sin explicación alguna no se volvieron a presentar, como suelen hacerlo cada vez que se establecen mecanismos de diálogo.
El 10 de agosto, un grupo de encapuchados perpetró un nuevo acto terrorista. Además de incendiar varios carros y maquinaria, secuestraron y torturaron a tres trabajadores de la empresa que está construyendo esa carretera. Los tres trabajadores fueron puestos en libertad pero sufrieron graves heridas y vejámenes.
Una semana después, el 18 de agosto, el diputado Amílcar Pop recorrió parte de la brecha del Anillo Regional y se reunió con personas que se oponen al proyecto.
El 29 de agosto, el diputado Pop reiteraba al Ministerio de Comunicaciones su exigencia de obtener información detallada de ese proyecto vial.
El gobierno se negó de nuevo a causa del riesgo que significa para la vida de las personas y el clima de inseguridad que prevalece en el área.
El 18 de septiembre, durante la manifestación contra la Ley de Obtenciones Vegetales, el diputado Amílcar Pop recibió en el Congreso de la República a una delegación de los manifestantes que provenían de San Juan Sacatepéquez. Se desconocen los términos de esa conversación, pero un día después se reactivaría la escalada de la violencia en San Juan.
El viernes 19 de septiembre, al final de la tarde, las delegaciones locales de la PDH y del Sistema Nacional de Diálogo recibieron múltiples denuncias de pobladores de que un grupo de encapuchados, con lista en mano, estaba sacando a familias de sus casas y llevándolas a firmar, bajo amenaza de muerte, documentos supuestamente relacionados con la propiedad de los terrenos del Anillo Regional, los cuales fueron elaborados por una abogada local reconocida por su oposición al anillo y quien ha sido cuestionada por las propias comunidades por el manejo oscuro de fondos de la Cooperación Internacional.
Estos actos de intimidación y amenazas continuaron toda la noche, por lo que la PDH, a solicitud de las víctimas, presentó un recurso de exhibición personal. Ese mismo día, en la tarde, el juez de turno se presentó en el área y habría sido obligado por los COCODE y los alcaldes auxiliares de Los Pajoques a firmar un acta donde indicaba que no había ningún acto intimidatorio.
Sin embargo, la violencia fue escalando hasta el trágico final de la mañana del 20 de septiembre cuando la familia Pajoc Matz fue masacrada. Los criminales encapuchados actuaron con saña y asesinaron a sangre fría a Marcelo Pajoc Matz y a otros cinco miembros de su familia, incluido su padre de 90 años y su sobrino de 19. La madre de Marcelo sufrió graves heridas y está recluida en un centro asistencial. Su esposa pudo huir entre las montañas con sus 7 hijos. Otras mujeres de la familia fueron desnudadas, torturadas y su cabello fue cortado antes de dejarlas desvestidas y gravemente golpeadas. De acuerdo a las tradiciones de esas comunidades, cortarles el cabello representa la humillación más grave a la que una mujer puede ser expuesta.
Marcelo Pajoc Matz, trabajador del Proyecto San Gabriel, recientemente había liderado la creación de una asociación de víctimas de la violencia, razón por la cual habría recibido amenazas en su contra. Adicionalmente, su familia había sido señalada de “traidora” por la venta de un terreno para el paso del Anillo Regional.
Notas de prensa relatan que cuando los bomberos finalmente lograron ingresar a la aldea, rescataron a varios heridos y también a una niña con graves quemaduras que estaba entre los restos humeantes de su humilde casa, entre otros heridos. Aún no está claro el número de víctimas fatales ni las circunstancias en las que perdieron la vida.
Otras casas y otros pobladores incluidos en la infame lista también fueron atacados, incluso en la madrugada del lunes 21 de septiembre. Como pudieron, familias enteras escaparon por el campo. A quienes hemos podido localizar les hemos dado albergue en diferentes lugares para garantizar su seguridad en estos momentos de angustia e incertidumbre. A todos se les está brindando asistencia médica y otros servicios básicos.
La secuencia y coordinación de estos eventos es evidencia de la verdadera razón de la insistencia en obtener los nombres de propietarios y ubicaciones de los terrenos que forman parte del proyecto del Anillo Regional. Estas inocentes personas se integran a una larga lista de víctimas de la violencia por el único “pecado” de apoyar el desarrollo económico de su comunidad y de ellos mismos al aprovechar oportunidades de trabajo digno y honrado.
Desde el 2007 a mayo de 2014 los pobladores de San Juan Sacatepéquez habían denunciado a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Ministerio Público, más de 50 agresiones y cinco asesinatos por el hecho de participar en el desarrollo de su municipio. Entre esas denuncias estaban las que Marcelo Pajoc Matz había presentado ya que él y su familia tenían cuatro años de estar siendo hostigados.
En este escenario de acciones sistemáticas y premeditadas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, Daniel Pascual y otras entidades pretenden engañar a la opinión pública al atribuir a la familia Novella, a Cementos Progreso y a sus trabajadores la autoría de los hechos de violencia, casi de forma simultánea al momento en el que estos ocurren. Rechazamos tales imputaciones por absurdas, inverosímiles, falsas y por ser parte de la conspiración que queda evidenciada en los hechos antes mencionados.
Cementos Progreso condena de la manera más enérgica la violencia y reitera su inclaudicable compromiso con la paz, el diálogo y el desarrollo económico y social de las comunidades en donde opera y de Guatemala. Este compromiso se ha materializado con los programas de desarrollo social que han beneficiado a miles de sanjuaneros desde el 2007, diversos proyectos de infraestructura comunitaria y las más de 800 plazas de trabajo ocupadas actualmente por pobladores de San Juan Sacatepéquez.
Al igual que en los hechos pasados, exigimos que las autoridades del Estado garanticen la seguridad, la libre locomoción y el acceso a la justicia para todos los pobladores del municipio de San Juan Sacatepéquez, en especial para todas las víctimas de la violencia.
Nos unimos al pronunciamiento del 24 de julio de la Conferencia Episcopal en donde dice que “es necesario rechazar acciones violentas por parte de grupos infiltrados en las comunidades a quienes lo que menos les interesa es el bien común aunque a veces se arroguen el derecho a hablar por las comunidades y a manipularlas”.
A todos los guatemaltecos de buena voluntad, en especial a todos los colaboradores de la familia Progreso, les agradecemos sus muestras de solidaridad con las víctimas y con la empresa y les reiteramos nuestra exhortación a construir un país basado en los valores de liderazgo genuino, comportamiento ético, sostenibilidad y solidaridad.
A las viudas, viudos y huérfanos, les mostramos nuestro respeto, apoyo y condolencias por las pérdidas irreparables.
Guatemala, 22 de septiembre de 2014
 
(1) (1) El documento recibido incluye fotos, recortes de periódico y otro materiales gráfico que no pudimos reproducir aquí, por razones btécnicas.
 
(2) (2) El documento recibido incluye fotocopia del Oficio 81-2014-AP-KZ que el diputado Álvaro Pop, utilizando papel membretado de Congreso de la República de Guatemala, C.A. y a nombre de la Jefatura de Bancada del Partido Movimiento Político ––Winaq––, con fecha 13 de junio de 2014, envía al entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Aparicio Sinibaldi (sic), solicitando copia de diferentes informes, planos y documentos relacionados con la construcción del tramo carretero  para la interconexión de las carreteras CA-1 con la RN-5. Por razones técnicas, este oficio no pudo ser copiado aquí.